El gobierno y la SGAE: El problema de deber favores
Existe el rumor de que la nueva ley de propiedad intelectual, que puede ser un desastre para la ya de por si atrasada Sociedad de la Información en España, es el peaje que el Gobierno tiene que pagar por el apoyo que los artistas le dieron durante la campaña de oposición a la guerra del golfo y posteriormente durante la campaña electoral.En resumidas cuentas:
Bush se debe a la Asociación del Rifle, Zapatero se debe a la SGAE.
No se hasta que punto es cierto, pero me choca mucho que un gobierno que se dice progresista se oponga al progreso y se muestre tan partidario de mantener los privilegios adquiridos de unos pocos. Privilegios que hace años tuvieron sentido, cuando los intermediarios (las discográficas, las distribuidoras de cine) eran necesarios, pero que ahora ya han dejado de tenerlo.
Los tiempos cambian, los negocios también. Que la SGAE se aferre a su modelo de negocio es lógico, aunque éste se haya quedado obsoleto (hoy por hoy, el disco no es el producto, como mucho es un vehículo de marketing). Que el Gobierno, que debe velar por todos, margine a la mayoría para privilegiar a unos pocos representantes del pasado, es vergonzoso.
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LOLA RODRÍGUEZ
SEVILLA
Un bufete de abogados con 300 demandas civiles en el juzgado de lo Mercantil, tiene que pagar a la Sociedad General de Autores 0,28 euros por cada juicio que graba, como compensación por el derecho a la copia privada aunque se trate de la grabación de un acto público. Dicho así suena a broma de mal gusto. Pero que se lo digan a Joaquín Moeckel: «haciendo un cálculo rápido, estamos pagando 130 euros a la SGAE por la grabación de un acto público».
Desde su entrada en vigor a principios del 2008, la nueva Ley de Protección Intelectual recoge en su artículo 25, el abono del polémico canon digital. Una tasa que, en el caso del CD, grava su precio casi en un 50 por ciento.
El abogado sevillano Joaquín Moeckel ha presentado una demanda ante el juzgado de lo Mercantil número 1 para que reconozcan su derecho a no pagar un canon que, en su caso, considera «injusto», ya que no emplea los discos para realizar copias de registros privados sino para dejar constancia de actos públicos, en concreto juicios civiles. Se trata sólo de una reclamación de 2,8 euros cobrados por ley por el comercio en el que adquirió un paquete de 10 CD pero el asunto es mucho más trascendente. Moeckel va más allá y augura que no deben pagar este gravamen los hospitales públicos que usan los soportes digitales para grabar operaciones o cualquier otro tipo de profesionales que tengan que realizar grabaciones públicas».
La demanda de Moeckel cuenta con precedentes en Madrid, Canarias y en la Audiencia Provincial de Málaga. En el caso insular, la sentencia obligó a un comercio a devolver 0,88 céntimos de euro por la compra de cuatro Cds por parte de un abogado. En Sevilla, Moeckel quiere que el juez reconozca que el canon auspiciado por la SGAE para contrarrestar los ingresos que deja de percibir por las copias privadas de trabajos musicales y películas, no es aplicable a su caso, ya que su bufete emplea los discos compactos para grabar los juicios civiles, de carácter público. «Imponen el canon por copia privada para todo el que compra un cd sin saber para qué los va a utilizar cada uno». El letrado insta «a todos los profesionales del Derecho de España a que pidan su factura desglosada con el importe del canon y que denuncien» al mismo tiempo que se pregunta «por qué la SGAE no impone un canon a los folios, ¿no les importa que copie a mano una canción o una novela?. Le están poniendo un canon al progreso, y pronto, además de los CDs, también habrá que pagar por los discos duros, las impresoras, los equipos telemáticos...».
Moeckel demuestra que su actividad no contraviene la Ley de Protección Intelectual «por eso demando a la empresa que me ha vendido el material con el objetivo de que me devuelvan el dinero». El abogado muestra una factura por la compra de diez cd, en la que al precio de cada unidad, 0,45 céntimos de euro, se añaden 0,28 de canon. El precio sin canon es de 4,50 euros y el canon supone un incremento de 2,80 euros. Con lo que el importe final, una vez añadido 1,17 euros del IVA, asciende a 8,47 euros. «Podrían acusarme de contribuir al colapso del juzgado de lo Mercantil por unos céntimos de euro, pero en verdad son los de la SGAE los que perjudican obligando a pagar el canon a quien no tiene por qué hacerlo. Es injusto que me cobren el canon digital porque yo no voy a copiar nada». Por tanto, «es necesario crear la conciencia general de que no podemos presumir de culpabilidad, ni de cual será el destino de las cosas, porque en España la presunción es de inocencia».
Carlos Menéndez
http://www.creditomagazine.es
FerN -
Por el logo que has puesto, a lo mejor te apetece leer el artículo de mi amigo Álvaro:
http://perplejismos.com/index.php?p=15